INFORME CENTRAL AL VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA.
(Presentado por el compañero Raúl Castro Ruz, Segundo Secretario del Comité central del Partido Comunista de Cuba, en la sesión inaugural del Sexto Congreso de esa organización política, efectuada en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana, este sábado 16 de abril de 2011.) Compañeras y compañeros:
Iniciamos esta tarde las sesiones del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en una fecha trascendental de nuestra historia, el 50 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución por parte de su Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, el 16 de abril de 1961 al despedir a los caídos en los bombardeos a las bases aéreas el día anterior, como preludio de la invasión mercenaria por Playa Girón, organizada y financiada por el gobierno de Estados Unidos, que formaba parte de sus planes para destruir la Revolución y restablecer, con el concierto de la Organización de Estados Americanos (OEA), el dominio sobre Cuba.
Fidel decía entonces al pueblo armado y enardecido: “Eso es lo que no pueden perdonarnos [...] que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos [...] Compañeros obreros y campesinos, esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida”. Fin de la cita.
La respuesta a ese llamado no se hizo esperar y en el enfrentamiento a la agresión varias horas después, los combatientes del Ejército Rebelde, policías y milicianos derramaron, por vez primera, su sangre en defensa del socialismo y alcanzaron la victoria antes de 72 horas, bajo la conducción del propio compañero Fidel.
La Revista Militar que presenciamos en la mañana de hoy, dedicada a las jóvenes generaciones y particularmente la vibrante marcha del pueblo a continuación, son una prueba elocuente de las fuerzas de que dispone la Revolución para seguir el ejemplo de los heroicos combatientes de Playa Girón.
De la misma forma haremos en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, el próximo primero de mayo, a lo largo y ancho del país, para patentizar la unidad de los cubanos en defensa de su independencia y soberanía nacional, conceptos que la historia ha probado que sólo es posible conquistar con el socialismo.
Este Congreso, como órgano supremo de la organización partidista, según se establece en el artículo 20 de sus Estatutos, que reúne hoy a mil delegados en representación de cerca de 800 mil militantes agrupados en más de 61 mil núcleos, en la práctica comenzó el 9 de noviembre del pasado año, cuando fue presentado el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, cuestión que, como ya se ha indicado, constituye el tema principal del evento, en el cual están cifradas grandes expectativas del pueblo.
A partir de entonces se celebraron numerosos seminarios que sirvieron al propósito de esclarecer y profundizar en el contenido de los Lineamientos y de ese modo preparar adecuadamente a los cuadros y funcionarios, que a su vez encabezarían el proceso de discusión con la militancia, las organizaciones de masas y la población en general.
Durante tres meses, del primero de diciembre del 2010 al 28 de febrero del presente año, se desarrolló el debate, en el cual participaron 8 millones 913 mil 838 personas en más de 163 mil reuniones efectuadas en el seno de las diferentes organizaciones, registrándose una cifra superior a tres millones de intervenciones. Cabe aclarar que en el conjunto de participantes se incluyen, sin haberse definido con exactitud, decenas de miles de militantes del Partido y la UJC, que asistieron tanto a las reuniones de sus núcleos o comités de base como a las celebradas en los centros de trabajo o estudio y además en las comunidades donde residen. Es también el caso de quienes no militan y participaron en sus colectivos de trabajo y posteriormente en los respectivos barrios.
La propia Asamblea Nacional del Poder Popular dedicó casi dos jornadas completas en su última sesión ordinaria, el pasado diciembre, a analizar entre los diputados el proyecto de Lineamientos.
Este proceso puso de manifiesto la capacidad del Partido para conducir un diálogo serio y transparente con la población sobre
cualquier asunto, por sensible que éste fuera, máxime cuando se trata de ir forjando un consenso nacional acerca de los rasgos que deberán caracterizar al Modelo Económico y Social del país.
Al propio tiempo, los resultados del debate, por los datos recopilados, constituyen un formidable instrumento de trabajo, para la dirección del Gobierno y el Partido a todos los niveles, así como una suerte de referéndum popular respecto a la profundidad, alcance y ritmo de los cambios que debemos introducir.
En un verdadero y amplio ejercicio democrático, el pueblo manifestó libremente sus opiniones, esclareció dudas, propuso modificaciones, expresó sus insatisfacciones y discrepancias y también sugirió abordar la solución de otros problemas no contenidos en el documento.
Una vez más se pusieron a prueba la confianza y unidad mayoritaria de los cubanos en torno al Partido y la Revolución, unidad que no niega diferencias de opiniones, sino que se fortalece y consolida con ellas. Todos los planteamientos, sin exclusión alguna, fueron incorporados al análisis, lo que permitió enriquecer el proyecto que se somete a la consideración de los delegados al Congreso.
No sería infundado expresar que, en su esencia, el Congreso ya se celebró en medio de ese magnífico debate con la población. A los delegados nos quedaría en estas sesiones realizar la discusión final del proyecto y la elección de los órganos superiores de dirección partidista.
La Comisión de Política Económica del VI Congreso del Partido, encargada primero de la elaboración del proyecto de Lineamientos, fue responsabilizada después con la organización del proceso de su debate y trabajó en las cinco direcciones principales siguientes:
1. La reformulación de los Lineamientos teniendo en cuenta las opiniones recogidas.
2. Organización, orientación y control de su instrumentación.
3. La preparación minuciosa de los cuadros y otros participantes para la implementación de algunas de las medidas ya en ejecución en estos momentos.
4. Supervisión sistemática a los organismos y entidades encargados de poner en práctica las decisiones derivadas de los Lineamientos y evaluación de sus resultados.
5. Conducción de la divulgación a la población.
En cumplimiento de lo anterior, se reformuló el proyecto de Lineamientos, el cual fue sometido a análisis, los días 19 y 20 de marzo, en sendas sesiones del Buró Político y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con la participación del Secretariado del Comité Central del Partido, los cuadros centro de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y demás organizaciones de masas y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), resultando aprobado en esa instancia, también en calidad de proyecto, que se distribuyó a ustedes para su examen durante tres días en el seno de cada una de las delegaciones provinciales al Congreso, con la intervención activa de los invitados y que será debatido en las cinco comisiones de este evento partidista para su aprobación.
A continuación brindaré algunos datos para ilustrar al pueblo sobre los resultados de la discusión de los Lineamientos, aunque posteriormente se publicará una información detallada.
El documento original contenía 291 lineamientos, de los cuales 16 fueron integrados en otros, 94 mantuvieron su redacción, en 181 se modificó su contenido y se incorporaron 36 nuevos, resultando un total de 311 en el actual proyecto.
Estos números, en simple aritmética, constatan la calidad de la consulta, donde en mayor o menor medida, algo más de dos tercios de los lineamientos, exactamente el 68%, fueron reformulados.
Este proceso se rigió por el principio de no hacer depender la validez de una propuesta de la cantidad de opiniones vertidas. Muestra de ello es que varios de los lineamientos fueron modificados o suprimidos, partiendo del planteamiento de una sola persona o un número reducido de ellas.
Asimismo, es necesario explicar que algunos pronunciamientos no se ven reflejados en esta etapa, ya sea porque se requiere profundizar en la temática, al no disponerse de las condiciones requeridas o en otros casos, por entrar en abierta contradicción con la esencia del socialismo, como por ejemplo, 45 proposiciones que abogaron por permitir la concentración de la propiedad.
Quiero con esto exponer que, aunque como tendencia existió en general comprensión y apoyo al contenido de los lineamientos, no hubo unanimidad ni mucho menos y eso era precisamente lo que necesitábamos, si de verdad pretendíamos una consulta democrática y seria con el pueblo.
Por lo anterior, podemos calificar con total seguridad a los lineamientos como la expresión de la voluntad del pueblo contenida en la política del Partido, el Gobierno y el Estado, de actualizar el Modelo Económico y Social con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, así como el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida, conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos.
Como era de esperar, en la discusión de los Lineamientos, la mayor cantidad de proposiciones se concentró en el capítulo SEXTO “Política Social” y el capítulo SEGUNDO “Políticas macroeconómicas”, sumando ambos el 50.9% del total. Les siguieron, en orden descendente, los capítulos ONCENO “Políticas para las Construcciones, Viviendas y Recursos Hidráulicos”, el DÉCIMO “Política para el Transporte” y el capítulo PRIMERO “Modelo de Gestión Económica”. En estos cinco capítulos, del total de 12, se agrupa el 75% de las opiniones.
Por otra parte, en 33 lineamientos, el 11% del total, se aglutinó el 67% de las propuestas, siendo los lineamientos: 162, que trata la eliminación de la libreta de abastecimientos, el 61 y 62 sobre la política de precios, el 262 acerca de la transportación de pasajeros, el 133 referente a la educación, el 54 relativo a la unificación monetaria y el 143 asociado a la calidad de los servicios de salud, los que motivaron una mayor cantidad de proposiciones.
La libreta de abastecimientos y su eliminación fue, sin dudas, el asunto que provocó más intervenciones de los participantes en el debate y es lógico que así fuese; dos generaciones de cubanos han pasado su vida bajo este sistema de racionamiento que, a pesar de su nocivo carácter igualitarista, brindó durante décadas a todos los ciudadanos el acceso a alimentos básicos a precios irrisorios, altamente subsidiados.
Este instrumento de distribución, si bien fue introducido en los años 60 con una vocación igualitaria en momentos de escasez, para proteger a nuestro pueblo de la especulación y el acaparamiento con fines de lucro por parte de unos pocos, se ha venido convirtiendo, con el decursar de los años, en una carga insoportable para la economía y en un desestímulo al trabajo, además de generar ilegalidades diversas en la sociedad.
Como la libreta está diseñada para cubrir a los más de 11 millones de cubanos por igual, no faltan ejemplos absurdos como que el café normado se abastece hasta a los recién nacidos. Lo mismo pasaba con los cigarros hasta septiembre del 2010 que se surtía sin distinguir a fumadores y no fumadores, propiciando el crecimiento de este dañino hábito en la población.
En este sensible tema el abanico de opiniones es muy amplio, desde quienes sugieren suprimirla de inmediato hasta aquellos que se oponen enfáticamente a su eliminación y proponen normarlo todo, incluyendo los artículos industriales. Otros opinan que para combatir el acaparamiento y garantizar el acceso de todos a los alimentos básicos, debería, en una primera etapa, mantenerse la cuota normada, aunque los precios dejen de subsidiarse. No pocos recomiendan privar de la libreta a los que no estudien o trabajen, o aconsejan que los ciudadanos con mayor ingreso voluntariamente prescindan de este sistema.
Ciertamente la canasta familiar normada, justificada en circunstancias históricas concretas, al haberse mantenido durante tanto tiempo, contradice en su esencia el principio de la distribución que debe caracterizar al socialismo, o sea, “De cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo” y esta situación debe ser superada.
Al respecto, considero propicio recordar lo planteado por el compañero Fidel en el Informe Central al Primer Congreso del Partido el 17 de diciembre de 1975, cito: “En la conducción de nuestra economía hemos adolecido indudablemente de errores de idealismo y en ocasiones hemos desconocido la realidad de que existen leyes económicas objetivas a las cuales debemos atenernos”. Fin de la cita.
El problema que enfrentamos no es de concepto, radica en cómo, cuándo y con qué gradualidad lo haremos. La supresión de la libreta no constituye un fin en sí mismo, ni puede verse como una decisión aislada, sino como una de las principales medidas que será imprescindible aplicar para erradicar las profundas distorsiones existentes en el funcionamiento de la economía y la sociedad en su conjunto.
A nadie en su sano juicio en la dirección de este país se le puede ocurrir decretar de golpe la eliminación de ese sistema, sin previamente crear las condiciones para ello, lo que se traduce en realizar otras transformaciones del Modelo Económico en aras de incrementar la eficiencia y la productividad del trabajo, de modo que se puedan garantizar con estabilidad niveles de producción y oferta de los productos y servicios básicos a precios no subsidiados y a la vez accesibles a todos los ciudadanos.
Este asunto, lógicamente, guarda estrecha relación con los precios y la unificación monetaria, los salarios y el fenómeno de la “pirámide invertida”, que como se aclaró en el Parlamento el pasado 18 de diciembre, se expresa en la no correspondencia de la retribución salarial con la jerarquía e importancia de la labor desempeñada, problemáticas que se reflejaron en alta proporción en los planteamientos realizados.
En Cuba, bajo el socialismo, jamás habrá espacio para las “terapias de choque” en contra de los más necesitados y que son, tradicionalmente, los que apoyan a la Revolución con mayor firmeza, a diferencia de los paquetes de medidas que se emplean con frecuencia por mandato del Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones económicas internacionales en detrimento de los pueblos del Tercer Mundo e incluso, en los últimos tiempos, en las naciones más desarrolladas, donde se reprimen con violencia las manifestaciones populares y estudiantiles.
La Revolución no dejará a ningún cubano desamparado y el sistema de atención social se está reorganizando para asegurar el sostenimiento diferenciado y racional de aquellos que realmente lo requieran. En lugar de subsidiar masivamente productos, como hacemos ahora, se pasará progresivamente al apoyo de personas sin otro sostén.
Este principio conserva total vigencia en el reordenamiento de la fuerza laboral, ya en marcha, para reducir las plantillas infladas en el sector estatal, bajo estricta observancia de la idoneidad demostrada, proceso que continuará adelante, sin prisas, pero sin pausa y su ritmo estará determinado por nuestra capacidad de ir creando las condiciones requeridas para su total despliegue.
A ello deberá contribuir, entre otros factores, la ampliación y flexibilización del trabajo en el sector no estatal. Esta forma de empleo, a la que se han acogido algo más de 200 mil cubanos de octubre del pasado año a la fecha, duplicándose la cantidad de trabajadores por cuenta propia, constituye una alternativa laboral amparada en la legislación vigente y por tanto, debe contar con el apoyo, respaldo y protección de las autoridades, a todos los niveles, al tiempo que se exija, con el rigor que demanda la ley, el estricto cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo las tributarias.
El incremento del sector no estatal de la economía, lejos de significar una supuesta privatización de la propiedad social, como afirman algunos teóricos, está llamado a convertirse en un factor facilitador para la construcción del socialismo en Cuba, ya que permitirá al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción, propiedad de todo el pueblo y desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país.
Ello, por otra parte, favorecerá que el Estado continúe asegurando a toda la población por igual y de manera gratuita, los servicios de Salud y Educación, protegerlos de forma adecuada mediante los sistemas de Seguridad y Asistencia Social, promover la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y defender la identidad y la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística, científica e histórica de la nación.
El Estado Socialista tendrá entonces mayores posibilidades de hacer realidad el pensamiento martiano que preside a nuestra Constitución: “Yo quiero que la Ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.
Corresponde al Estado defender la soberanía e independencia nacional, valores que enorgullecen a los cubanos y continuar garantizando el orden público y la seguridad ciudadana que distinguen a Cuba por ser uno de los países más seguros y tranquilos del mundo, sin narcotráfico ni crimen organizado, sin niños o adultos mendigos, sin trabajo infantil, sin cargas de caballería contra los trabajadores, estudiantes u otros sectores de la población, sin ejecuciones extrajudiciales, cárceles clandestinas ni torturas, a pesar de las campañas que sin prueba alguna constantemente se orquestan contra nosotros, ignorando con marcada intención que todas esas realidades son, en primer lugar, derechos humanos fundamentales, a los que ni siquiera se puede aspirar por la mayoría de los habitantes del planeta.
Ahora bien, para poder garantizar todas esas conquistas del socialismo sin retroceder en su calidad y alcance, los programas sociales deben caracterizarse por una mayor racionalidad, de manera que con gastos menores se obtengan resultados superiores y sostenibles en el futuro y que además guarden una adecuada correlación con la situación económica general de la nación.
Como se aprecia en los Lineamientos, estas ideas tampoco están reñidas con la importancia que otorgamos a la separación precisa del papel que corresponde jugar en la economía a los organismos estatales, por una parte, y a las empresas por la otra, asunto que por décadas se ha visto plagado de confusiones e improvisaciones y que estamos obligados a solucionar a mediano plazo en el marco del perfeccionamiento y fortalecimiento de la institucionalidad.
La comprensión plena de estos conceptos nos permitirá avanzar con solidez y sin retrocesos en la paulatina descentralización de facultades, desde el Gobierno Central hacia las administraciones locales y desde los ministerios y otras entidades nacionales en favor de la autonomía creciente de la empresa estatal socialista.
El modelo excesivamente centralizado que caracteriza actualmente nuestra economía deberá transitar, con orden y disciplina y con la participación de los trabajadores, hacia un sistema descentralizado, en el que primará la planificación, como rasgo socialista de dirección, pero no ignorará las tendencias presentes en el mercado, lo que contribuirá a la flexibilidad y permanente actualización del plan.
La experiencia práctica nos ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la iniciativa en la sociedad y en toda la cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a que todo se decidiera “arriba” y en consecuencia, dejaban de sentirse responsabilizados con los resultados de la organización que dirigían.
Nuestros empresarios, salvo excepciones, se acomodaron a la tranquilidad y seguridad de la “espera” y desarrollaron alergia por el riesgo que entraña la acción de adoptar decisiones, o lo que es lo mismo: acertar o equivocarse.
Esta mentalidad de la inercia debe ser desterrada definitivamente para desatar los nudos que atenazan al desarrollo de las fuerzas productivas. Es una tarea de importancia estratégica y no es casual que esté recogida, de una u otra manera, en los 24 lineamientos del capítulo PRIMERO, “Modelo de Gestión Económica”.
En esta materia no podemos admitir improvisaciones o apresuramientos. Para descentralizar y cambiar la mentalidad, es requisito obligado elaborar el marco regulatorio que defina con claridad las facultades y funciones de cada eslabón, desde la nación a la base, acompañadas invariablemente por los procedimientos de control contable, financiero y administrativo.
Ya se viene avanzando en esta dirección. Desde hace casi dos años se iniciaron los estudios para perfeccionar el funcionamiento, así como la estructura y composición de los órganos de Gobierno en los diferentes niveles de dirección, obteniéndose como resultado la puesta en vigor del Reglamento del Consejo de Ministros, la reorganización del sistema de trabajo con los cuadros del Estado y el Gobierno, la introducción de procedimientos de planificación de las actividades principales, el establecimiento de las bases organizativas para disponer de un sistema de información del Gobierno, efectivo y oportuno, con su infraestructura de infocomunicaciones y la creación, con carácter experimental, bajo una nueva concepción funcional y estructural, de las provincias Mayabeque y Artemisa.
Para comenzar a descentralizar facultades, deberá rescatarse por parte de los cuadros estatales y empresariales, el notorio papel que corresponde jugar al contrato en la economía, tal y como se expresa en el lineamiento número 10. Ello también contribuirá a restablecer la disciplina y el orden en los cobros y pagos, asignatura con calificaciones insatisfactorias en buena parte de nuestra economía.
Como subproducto no menos importante, el uso adecuado del contrato como herramienta reguladora de las interrelaciones entre los diferentes actores económicos, devendrá un efectivo antídoto contra el extendido hábito del “reunionismo”, o lo que es lo mismo, el exceso de reuniones, chequeos y otras actividades colectivas, frecuentemente presididas por un nivel superior y con la asistencia improductiva de numerosos participantes, para hacer cumplir lo que las dos partes de un contrato han firmado como deberes y derechos y que por falta de exigencia nunca han reclamado su cumplimiento ante las instancias que el propio documento contractual estableció.
Al respecto cabe destacar las 19 opiniones, en 9 provincias, que reclamaron la necesidad de disminuir a lo imprescindible el número de reuniones y su duración. Este tema lo retomaré más adelante, cuando aborde el funcionamiento del Partido.
Estamos convencidos de que la tarea que tenemos por delante en este y en los demás asuntos vinculados a la actualización del Modelo Económico, está llena de complejidades e interrelaciones que tocan, en mayor o menor medida, todas las facetas de la sociedad en su conjunto y por ello sabemos que no es una cuestión a resolver en un día, ni siquiera en un año y que demandará por lo menos un quinquenio desplegar su implementación con la armonía e integralidad requeridas y cuando esto se logre, es necesario no detenernos jamás y trabajar en su perfeccionamiento de manera permanente para estar en condiciones de superar los nuevos retos que el desarrollo nos vaya dictando.
Se podría afirmar, haciendo un símil, que cada cierto tiempo, en la medida que se modifique el escenario, el país debe confeccionarse un traje a su medida.
No nos hacemos ilusiones de que los Lineamientos y las medidas para la implementación del Modelo Económico, por sí solas constituirán el remedio universal para todos nuestros males. Se requerirá a la par elevar a planos superiores la sensibilidad política, el sentido común, la intransigencia ante las violaciones y la disciplina de todos, en primer lugar de los cuadros de dirección.
Lo anterior ha quedado evidenciado fehacientemente en las deficiencias presentadas en la instrumentación, en meses recientes, de algunas medidas puntuales, no complejas ni de gran envergadura, a causa de los obstáculos burocráticos y la falta de previsión de los órganos locales de gobierno, manifestados en la ampliación del trabajo por cuenta propia.
No es ocioso reiterar que nuestros cuadros tienen que habituarse a trabajar con los documentos rectores que emiten los órganos facultados y abandonar el irresponsable vicio de engavetarlos. La vida nos ha aleccionado que no basta con promulgar una buena norma jurídica, con independencia de que se trate de una ley o una sencilla resolución. Es preciso además, preparar a los encargados de ejecutarlas, supervisarlos y comprobar el dominio práctico de lo establecido. Recuérdese que no hay peor ley que aquella que no se cumple o no se hace cumplir.
El sistema de escuelas del Partido a nivel de provincia y nación, en paralelo a la obligada reorientación de sus propios programas, jugará un papel protagónico en la preparación y recalificación continua en estas materias de los cuadros partidistas, administrativos y empresariales con el concurso de las instituciones especializadas del sector de la educación y la valiosa contribución de los afiliados a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, tal y como ha quedado demostrado durante el debate de los Lineamientos.
Al propio tiempo, con el propósito de jerarquizar apropiadamente la introducción de los cambios requeridos, el Buró Político acordó proponer al Congreso la constitución de una Comisión Permanente del Gobierno para la Implementación y Desarrollo, subordinada al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, la cual, sin menoscabo de las funciones que corresponden a los respectivos Organismos de la Administración Central del Estado, tendrá la responsabilidad de controlar, verificar y coordinar las acciones de todos los involucrados en esta actividad, así como proponer la incorporación de nuevos lineamientos, lo que será imprescindible en el futuro.
En este sentido hemos considerado conveniente recordar la orientación que el compañero Fidel incluyó en su Informe Central al Primer Congreso del Partido, hace ya casi 36 años, acerca del Sistema de Dirección de la Economía, que entonces nos proponíamos implantar y que por nuestra falta de sistematicidad, control y exigencia se malogró, cito: “Que los dirigentes del Partido y sobre todo los del Estado hagan cosa propia y asunto de honor su implantación, tomen conciencia de su importancia vital y de la necesidad de luchar con todo su esfuerzo por aplicarlo consecuentemente, siempre bajo la dirección de la Comisión Nacional creada al efecto [...], y concluía: “[...] divulgar ampliamente el sistema, sus principios y sus mecanismos a través de una literatura al alcance de las masas, para que sea un asunto que dominen los trabajadores. El éxito del sistema dependerá en medida decisiva del dominio del mismo que tengan los trabajadores”. Fin de la cita.
No me cansaré de repetir que en esta Revolución todo está dicho y la mejor muestra de ello son las ideas de Fidel que ha venido publicando el periódico Granma, Órgano Oficial del Partido, a lo largo de estos últimos años.
Lo que aprobemos en este Congreso no puede sufrir la misma suerte que los acuerdos de los anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido. Lo que acordemos en esta y en futuras ocasiones debe constituir una guía para la conducta y la acción de los militantes y dirigentes del Partido y, para garantizar su materialización, refrendarse en los instrumentos jurídicos que corresponda dictar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado o el Gobierno, según sean sus facultades legislativas, de acuerdo con la Constitución.
Es saludable aclarar, para evitar interpretaciones erróneas, que los acuerdos de los congresos y de otros órganos de dirección partidista no se convierten por sí mismos en leyes, sino que son orientaciones de carácter político y moral, que compete al Gobierno, que es quien administra, regular su aplicación.
Por esta razón, la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo incluirá un Subgrupo Jurídico compuesto por especialistas de alta calificación, el cual coordinará con los organismos correspondientes, en estricto apego a la institucionalidad, las modificaciones requeridas en el plano legal para acompañar la actualización del Modelo Económico y Social, simplificando y armonizando el contenido de cientos de resoluciones ministeriales, acuerdos del Gobierno, decretos-leyes y leyes y consecuentemente proponer, en su debido momento, la introducción de los ajustes pertinentes en la propia Constitución de la República.
Sin esperar a tenerlo todo elaborado, se encuentran en fase avanzada las normativas jurídicas asociadas a la compraventa de viviendas y de automóviles, la modificación del Decreto-Ley 259 para ampliar los límites de tierra ociosa a entregar en usufructo a aquellos productores agropecuarios con resultados destacados, así como el otorgamiento de créditos a los trabajadores por cuenta propia y a la población en general.
Igualmente, consideramos conveniente proponer al Congreso que el futuro Comité Central incluya, como primer punto, en todos sus plenos, que deberán celebrarse no menos de dos veces al año, un informe del estado de la implementación de los acuerdos adoptados en este evento acerca de la actualización del Modelo Económico y como segundo, el análisis sobre el cumplimiento del plan de la economía, ya sea del primer semestre o del año en cuestión.
Asimismo recomendaremos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, emplear un proceder semejante en sus sesiones ordinarias, con el propósito de potenciar el protagonismo inherente a su condición de órgano supremo del poder del Estado.
Partiendo de la profunda convicción de que nada de lo que hacemos es perfecto y que lo que pareciera serlo hoy, no lo será mañana frente a nuevas circunstancias, los órganos superiores del Partido y del Poder Estatal y Gubernamental deben mantener una sistemática y estrecha vigilancia sobre este proceso y ser capaces de introducir oportunamente los ajustes apropiados para corregir efectos negativos.
Se trata, compañeras y compañeros, de estar alertas, poner los pies y los oídos sobre la tierra y cuando surja un problema práctico, en cualquier esfera o lugar, los cuadros en los distintos niveles actúen con prontitud e intencionalidad y no volvamos a dejarle al tiempo su solución, pues por experiencia propia conocemos, que lo único que sucede es que se complica todavía más.
Del mismo modo, debemos cultivar y preservar la interrelación incesante con las masas, despojada de todo formalismo, para retroalimentarnos eficazmente de sus preocupaciones e insatisfacciones y que sean precisamente ellas quienes indiquen el ritmo de los cambios que deban introducirse.
La atención a incomprensiones recientes, asociadas a la reorganización de algunos servicios básicos, demuestra que cuando el Partido y el Gobierno, cada uno cumpliendo su rol, con métodos y estilos distintos, actúan con rapidez y armonía atendiendo las preocupaciones de la población y le razonan a ésta con claridad y sencillez, se logra el respaldo a la medida y se fomenta la confianza del pueblo en sus dirigentes.
En la consecución de este empeño la prensa cubana, en sus diferentes formatos, está llamada a jugar un papel decisivo con el esclarecimiento y difusión objetiva, constante y crítica de la marcha de la actualización del Modelo Económico, de modo que con artículos y trabajos sagaces y concretos, en un lenguaje accesible para todos, se vaya fomentando en el país una cultura sobre estos temas.
En este frente se requiere también dejar atrás, definitivamente, el hábito del triunfalismo, la estridencia y el formalismo al abordar la actualidad nacional y generar materiales escritos y programas de televisión y radio, que por su contenido y estilo capturen la atención y estimulen el debate en la opinión pública, lo que supone elevar la profesionalidad y los conocimientos de nuestros periodistas; si bien es cierto que, a pesar de los acuerdos adoptados por el Partido sobre la política informativa, en la mayoría de las veces ellos no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados de las temáticas en cuestión. La suma de estos factores explica la difusión, en no pocas ocasiones, de materiales aburridos, improvisados y superficiales.
No menos importante será el aporte que nuestros medios de difusión masiva deben propiciar a favor de la cultura nacional y de la recuperación de valores cívicos en la sociedad.
Pasando a otro asunto vital, que guarda una relación muy estrecha con la actualización del Modelo Económico y Social del país y que debe ayudar a su materialización; nos proponemos celebrar una Conferencia Nacional del Partido, para llegar a conclusiones respecto a las modificaciones de sus métodos y estilo de trabajo, con el objetivo de concretar en su actuar, para hoy y siempre, el contenido del artículo 5 de la Constitución de la República donde se establece que la organización partidista es la vanguardia organizada de la nación cubana y fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Inicialmente habíamos concebido convocar esta Conferencia para diciembre de 2011, sin embargo, teniendo en cuenta las complicaciones propias del último mes del año y la conveniencia de contar con una prudente reserva de tiempo para puntualizar detalles, proyectamos realizar ese evento a finales de enero de 2012.
Ya el pasado 18 de diciembre expliqué ante el Parlamento, que debido a las deficiencias presentadas por los órganos administrativos del Gobierno en el cumplimiento de sus funciones, el Partido durante años se vio involucrado en tareas que no le corresponden, limitando y comprometiendo su papel.
Estamos convencidos de que lo único que puede hacer fracasar a la Revolución y el socialismo en Cuba, poniendo en riesgo el futuro de la nación, es nuestra incapacidad para superar los errores que hemos cometido durante más de 50 años y los nuevos en que pudiéramos incurrir.
Lo primero que debemos hacer para enmendar un error es reconocerlo conscientemente en toda su dimensión y el hecho real es que, a pesar de que desde los primeros años de la Revolución Fidel diferenció con claridad los papeles del Partido y el Estado, no fuimos consecuentes en el cumplimiento de sus instrucciones y nos dejamos llevar por las urgencias y la improvisación.
Qué mejor ejemplo que lo expresado por el líder de la Revolución en fecha tan temprana como el 26 de marzo de 1962, en comparecencia ante la radio y la televisión para explicar al pueblo los métodos y el funcionamiento de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), que antecedieron al Partido, cuando dijo:
“[...] el Partido dirige, dirige a través de todo el Partido y dirige a través de la administración pública. Un funcionario tiene que tener autoridad. Un ministro tiene que tener autoridad, un administrador tiene que tener autoridad, discutir todo lo que sea necesario con el Consejo Técnico Asesor (hoy Consejo de Dirección), discutir con las masas obreras, discutir con el núcleo, pero decide el administrador, porque la responsabilidad es suya [...]“. Fin de la cita. Esa orientación se impartió hace 49 años.
Existen conceptos muy bien definidos y que en esencia conservan plena validez para alcanzar el éxito en esta dirección, con independencia del tiempo transcurrido desde que Lenin los formulara, hace ya casi 100 años, los cuales deben ser nuevamente retomados, de acuerdo con las características y experiencia de nuestro país.
En 1973, en el marco del proceso preparatorio del Primer Congreso, quedó definido que el Partido dirige y controla a través de vías y métodos que le son propios y que se diferencian de las vías, métodos y recursos de que dispone el Estado para ejercer su autoridad. Las directivas, resoluciones y disposiciones del Partido no poseen directamente carácter jurídico obligatorio para todos los ciudadanos, debiendo ser cumplidas tan solo por sus militantes a conciencia, pues para ello no dispone de ningún aparato de fuerza y coerción. Esta es una diferencia importante del papel y los métodos del Partido y del Estado.
El poder del Partido descansa básicamente en su autoridad moral, en la influencia que ejerce sobre las masas y en la confianza que el pueblo deposita en él. La acción del Partido se fundamenta, ante todo, en el convencimiento que emana de sus actos y de la justeza de su línea política.
El poder del Estado parte de su autoridad material, que consiste en la fuerza de las instituciones encargadas de exigir a todos cumplir las normas jurídicas que emite.
El daño que provoca la confusión en estos conceptos, se expresa, en primer lugar, en el debilitamiento del trabajo político que debe realizar el Partido, y en segundo lugar, en el deterioro de la autoridad del Estado y el Gobierno, pues los funcionarios dejan de sentirse responsables de sus decisiones.
Se trata, compañeras y compañeros, de despojar para siempre al Partido de todas las actividades no propias de su carácter de organización política, en pocas palabras, liberarse de funciones administrativas y dedicarnos cada quien a lo que nos toca.
Muy vinculadas con estas concepciones erróneas están las deficiencias en la política de Cuadros del Partido, la cual también deberá ser objeto de análisis por la citada Conferencia Nacional. No pocas lecciones amargas nos han legado los desaciertos sufridos en este ámbito a causa de la falta de rigor y visión que abrieron brechas a la promoción acelerada de cuadros inexpertos e inmaduros a golpe de simulación y oportunismo, actitudes alimentadas también por el erróneo concepto de que para ocupar un cargo de dirección se exigía, como requisito tácito, militar en el Partido o la Juventud Comunista.
Esta práctica hay que abandonarla resueltamente y, salvo para las responsabilidades propias de las organizaciones políticas, la militancia no debe significar una condición vinculante al desempeño de puesto de dirección alguno en el Gobierno o el Estado, sino la preparación para ejercerlos y la disposición de reconocer como suyos la política y el Programa del Partido. Los dirigentes no surgen de escuelas ni del amiguismo favorecedor, se hacen en la base, desempeñando la profesión que estudiaron, en contacto con los trabajadores y deben ascender gradualmente a fuerza del liderazgo que sólo otorga ser ejemplo en el sacrificio y los resultados.
En este sentido, considero que la dirección del Partido, a todos los niveles, debe hacerse una severa autocrítica y adoptar las medidas necesarias para evitar la reaparición de tales tendencias. Ello, a su vez, es aplicable a la insuficiente sistematicidad y voluntad política para asegurar la promoción a cargos decisorios de mujeres, negros, mestizos y jóvenes, sobre la base del mérito y las condiciones personales.
No haber resuelto este último problema en más de medio siglo es una verdadera vergüenza, que cargaremos en nuestras conciencias durante muchos años, porque sencillamente no hemos sido consecuentes con las incontables orientaciones que desde los primeros días del triunfo revolucionario y a lo largo de los años nos impartió el compañero Fidel, porque además la solución de esta desproporción formó parte de los acuerdos adoptados por el trascendental Primer Congreso del Partido y los cuatro que le sucedieron y no aseguramos su cumplimiento.
Asuntos como estos, que definen el futuro, jamás deberán volverse a guiar por la espontaneidad, sino por la previsión y la más firme intencionalidad política de preservar y perfeccionar el socialismo en Cuba.
A pesar de que no dejamos de hacer varios intentos para promover jóvenes a cargos principales, la vida demostró que no siempre las selecciones fueron acertadas. Hoy afrontamos las consecuencias de no contar con una reserva de sustitutos debidamente preparados, con suficiente experiencia y madurez para asumir las nuevas y complejas tareas de dirección en el Partido, el Estado y el Gobierno, cuestión que debemos solucionar paulatinamente, a lo largo del quinquenio, sin precipitaciones ni improvisaciones, pero empezar tan pronto como concluya el Congreso.
A esto contribuirá, además, el fortalecimiento del espíritu democrático y el carácter colectivo del funcionamiento de los órganos de dirección del Partido y del poder estatal y gubernamental, al tiempo que se garantice el rejuvenecimiento sistemático en toda la cadena de cargos administrativos y partidistas, desde la base hasta los compañeros que ocupan las principales responsabilidades, sin excluir al actual Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros ni al Primer Secretario del Comité Central que resulte electo en este Congreso.
Al respecto, hemos arribado a la conclusión de que resulta recomendable limitar, a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. Ello es posible y necesario en las actuales circunstancias, bien distintas a las de las primeras décadas de la Revolución, aún no consolidada y por demás sometida a constantes amenazas y agresiones.
El reforzamiento sistemático de nuestra institucionalidad, será a la vez condición y garantía imprescindible para que esta política de renovación de los cuadros jamás ponga en riesgo la continuidad del socialismo en Cuba.
En esta esfera estamos empezando con un primer paso, al reducir sustancialmente la nomenclatura de los cargos de dirección, que correspondía aprobar a las instancias municipales, provinciales y nacionales del Partido y delegar a los dirigentes ministeriales y empresariales facultades para el nombramiento, sustitución y aplicación de medidas disciplinarias a gran parte de los jefes subordinados, asistidos por las respectivas comisiones de cuadros, en las cuales el Partido está representado y opina, pero las preside el dirigente administrativo, que es quien decide. La opinión de la organización partidista es valiosa, pero el factor que determina es el jefe, ya que debemos preservar y potenciar su autoridad, en armonía con el Partido.
En cuanto a la vida interna, tema que del mismo modo remitimos al análisis de la Conferencia, pensamos que debemos meditar en los efectos contraproducentes de viejos hábitos que nada tienen que ver con el papel de vanguardia de la organización en la sociedad, entre ellos la superficialidad y formalismo con que se desarrolla el trabajo político-ideológico, la utilización de métodos y términos anticuados que no toman en cuenta el nivel de instrucción de los militantes, la realización de reuniones excesivamente extensas y con frecuencia dentro de la jornada laboral, que debe ser sagrada, en primer lugar para los comunistas; con agendas muchas veces inflexibles indicadas por el organismo superior, sin diferenciar el escenario en que se desarrolla la vida de los militantes, las frecuentes convocatorias a actividades conmemorativas formales, con discursos más formales todavía, y la organización de trabajos voluntarios en los días de descanso sin contenido real ni la debida coordinación, generando gastos y difundiendo el disgusto y la apatía entre nuestros compañeros.
Estos criterios son aplicables también a la emulación, movimiento que con los años fue perdiendo su esencia movilizadora de los colectivos obreros, al transformarse en un mecanismo alternativo de distribución de estímulos morales y materiales, no siempre justificados con resultados concretos y que en no pocas ocasiones generó fraudes en la información.
La Conferencia deberá además, considerar las relaciones del Partido con la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas para despojarlas de esquematismos y rutinas y que todas rescaten su razón de ser, adecuada a las condiciones actuales.
En síntesis, compañeras y compañeros, la Conferencia Nacional se centrará en potenciar el papel del Partido, como máximo exponente de la defensa de los intereses del pueblo cubano.
Para alcanzar esta meta se hace imprescindible cambiar la mentalidad, dejar de lado el formalismo y la fanfarria en las ideas y las acciones, o lo que es lo mismo, desterrar el inmovilismo fundamentado en dogmas y consignas vacías para llegar a las esencias más profundas de las cosas, como brillantemente demuestran en la obra de teatro “Abracadabra” los niños de la compañía “La Colmenita”.
Sólo así el Partido Comunista de Cuba podrá estar en condiciones de ser, para todos los tiempos, el digno heredero de la autoridad y la confianza ilimitada del pueblo en la Revolución y en su único Comandante en Jefe, el compañero Fidel Castro Ruz, cuyo aporte moral y liderazgo indiscutible no dependen de cargo alguno y que desde su condición de soldado de las ideas no ha cesado de luchar y contribuir, con sus esclarecedoras reflexiones y otras acciones, a la causa revolucionaria y a la defensa de la Humanidad frente a los peligros que la amenazan.
A propósito de la situación internacional, dedicaremos algunos minutos a valorar la coyuntura existente en el planeta.
La salida de la crisis económica global que afecta a todas las naciones no se vislumbra por su carácter sistémico. Los remedios aplicados por los poderosos se han dirigido a proteger a las instituciones y prácticas que le dieron origen y a descargar el terrible peso de las consecuencias sobre los trabajadores en sus propios territorios y en particular en los países subdesarrollados. La espiral de precios de los alimentos y del petróleo empuja a cientos de millones de personas a la pobreza extrema.
Los efectos del cambio climático son ya devastadores y la falta de voluntad política de las naciones industrializadas impide adoptar las acciones urgentes e imprescindibles para prevenir la catástrofe.
Vivimos en un mundo convulso en el que se suceden desastres naturales como los terremotos de Haití, Chile y Japón, al tiempo que Estados Unidos libra guerras de conquista en Iraq y Afganistán, que han costado más de un millón de civiles muertos.
Movimientos populares en países árabes se rebelan contra gobiernos corruptos y opresores, aliados de los Estados Unidos y la Unión Europea. El lamentable conflicto en Libia, nación sometida a una brutal intervención militar de la OTAN, ha servido otra vez de pretexto a esa organización para exceder sus límites defensivos originales y expandir a escala global las amenazas y acciones bélicas en resguardo de intereses geoestratégicos y el acceso al petróleo. El imperialismo y las fuerzas reaccionarias internas conspiran para desestabilizar otros países, mientras Israel oprime y masacra al pueblo palestino con total impunidad.
Los Estados Unidos y la OTAN incluyen en sus doctrinas el intervencionismo agresivo contra los países del Tercer Mundo para saquear sus recursos, imponen a las Naciones Unidas el doble rasero y utilizan de forma cada vez más concertada los poderosos consorcios mediáticos para ocultar o tergiversar los hechos, según convenga a los centros de poder mundial, en una farsa hipócrita destinada a engañar a la opinión pública.
En medio de su compleja situación económica, nuestro país mantiene la cooperación con 101 naciones del Tercer Mundo. En Haití, el personal médico cubano, tras cumplir 12 años de intenso trabajo salvando vidas, enfrenta desde enero del 2010, junto a colaboradores de otros países, las secuelas del sismo y la posterior epidemia de cólera con entrega admirable.
A la Revolución Bolivariana y al compañero Hugo Chávez Frías le expresamos la más resuelta solidaridad y compromiso, conscientes de la importancia del proceso que vive el hermano pueblo venezolano para Nuestra América, en el Bicentenario de su independencia.
Igualmente compartimos los anhelos de los movimientos transformadores en varios países latinoamericanos, encabezados por prestigiosos líderes que representan los intereses de las mayorías oprimidas.
Proseguiremos contribuyendo a los procesos integracionistas de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), la Unión del Sur (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que prepara la celebración en Caracas de su cumbre inicial en julio del presente año, el hecho institucional de mayor trascendencia en nuestro hemisferio durante el último siglo, pues por vez primera nos agrupamos por nosotros mismos todos los países al sur del Río Bravo.
Nos alientan esta América Latina y el Caribe, cada vez más unidos e independientes, cuya solidaridad agradecemos.
Continuaremos abogando por el Derecho Internacional y respaldamos el principio de igualdad soberana de los Estados y el derecho a la libre determinación de los pueblos. Rechazamos el uso de la fuerza, la agresión, las guerras de conquista, el despojo de los recursos naturales y la explotación del hombre.
Condenamos el terrorismo en todas sus formas, en particular el terrorismo de Estado. Defenderemos la paz y el desarrollo para todos los pueblos y lucharemos por el futuro de la Humanidad.
El gobierno norteamericano no ha cambiado su política tradicional dirigida a desacreditar y derrocar a la Revolución, por el contrario, ha continuado el financiamiento de proyectos para promover directamente la subversión, provocar la desestabilización e interferir en nuestros asuntos internos. La actual administración ha decidido algunas medidas positivas, pero sumamente limitadas.
El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba persiste e incluso se intensifica bajo la actual presidencia, en particular en las transacciones bancarias, ignorando la condena casi unánime de la comunidad internacional que se ha venido pronunciando crecientemente por su eliminación durante 19 años consecutivos.
Aunque al parecer, como quedó evidenciado en la reciente visita al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, a los gobernantes de Estados Unidos no les agrada remitirse a la historia al tratar el presente y el futuro; es preciso significar que el bloqueo contra Cuba no es una cuestión del pasado, por lo que nos vemos en la obligación de recordar el contenido de un memorando secreto, desclasificado en 1991, del Subsecretario Adjunto de Estado para los asuntos interamericanos, Lester D. Mallory, el 6 de abril de 1960, cito: “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro [...] No existe una oposición política efectiva [...] El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno [al gobierno] es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria [...] Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica [...] negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Fin de la cita.
Observen la fecha del memorando, 6 de abril de 1960, casi un año exacto antes de la invasión por Playa Girón.
El memorando en cuestión no surgió por iniciativa de ese funcionario, sino que se enmarcaba en la política de derrocar a la Revolución, al igual que el “Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro”, aprobado por el presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960, 20 días antes que el memorando citado, utilizando todos los medios disponibles, desde la creación de una oposición unificada, la guerra sicológica, acciones clandestinas de inteligencia y la preparación en terceros países de fuerzas paramilitares capaces de invadir a la isla.
Los Estados Unidos estimularon el terrorismo en las ciudades y ese mismo año, antes de Playa Girón, fomentaron la creación de bandas contrarrevolucionarias armadas, abastecidas por aire y mar, que cometieron saqueos y asesinatos de campesinos, obreros y jóvenes alfabetizadores hasta su aniquilación definitiva en 1965.
Los cubanos nunca olvidaremos los 3 mil 478 muertos y 2 mil 99 incapacitados que han sido víctimas de la política de terrorismo de Estado.
Ha pasado medio siglo de privaciones y sufrimientos para nuestro pueblo, que ha sabido resistir y defender su Revolución y que no está dispuesto a rendirse ni a mancillar la memoria de los caídos, en los últimos 150 años, desde el comienzo de nuestras luchas por la independencia.
El gobierno norteamericano no ha cesado de amparar o proteger a connotados terroristas, mientras prolonga el sufrimiento y la injusta prisión de los Cinco heroicos luchadores antiterroristas cubanos.
Su política hacia Cuba no tiene credibilidad ni sustento moral alguno. Para tratar de justificarla, se esgrimen pretextos increíbles que, al volverse obsoletos, van cambiando según la conveniencia de Washington.
Al gobierno de Estados Unidos no debería quedarle ninguna duda de que la Revolución Cubana saldrá fortalecida de este Congreso. Si desean seguir aferrados a su política de hostilidad, bloqueo y subversión, estamos preparados para continuar enfrentándola.
Reiteramos la disposición al diálogo y asumiremos el desafío de sostener una relación normal con Estados Unidos, en la que podamos convivir de manera civilizada con nuestras diferencias, sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos.
Al mismo tiempo, mantendremos de manera permanente la prioridad a la defensa, siguiendo las instrucciones del compañero Fidel, en su Informe Central al Primer Congreso cuando manifestó, cito: “Mientras exista el imperialismo, el Partido, el Estado y el pueblo, les prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La guardia revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error”.
En el escenario actual y previsible, conserva total vigencia la concepción estratégica de la “Guerra de Todo el Pueblo”, la cual se enriquece y perfecciona de modo constante. Su sistema de mando y dirección se ha visto fortalecido, incrementando las capacidades para reaccionar ante las diferentes situaciones excepcionales previstas.
La envergadura defensiva del país adquirió una dimensión superior, tanto en el plano cualitativo como cuantitativo. Partiendo de los recursos propios disponibles, se elevó el estado técnico y de mantenimiento, así como de conservación del armamento y se prosiguió el esfuerzo en la producción y especialmente la modernización de la técnica militar, teniendo en cuenta sus prohibitivos precios en el mercado mundial. En esta esfera es justo reconocer el aporte de decenas de instituciones, civiles y militares, que demostraron las enormes potencialidades científicas, tecnológicas y productivas que ha creado la Revolución.
El grado de preparación del territorio nacional, como teatro de operaciones militares, se ha acrecentado significativamente, el armamento fundamental se encuentra protegido al igual que una parte importante de las tropas, de los órganos de dirección, así como la población.
Se ha establecido la infraestructura de comunicaciones que asegura el funcionamiento estable del mando a los diferentes niveles. Se elevaron las reservas materiales de todo tipo, con mayor escalonamiento y protección.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, o lo que es lo mismo, el pueblo uniformado, deberán continuar su permanente perfeccionamiento y preservar ante la sociedad la autoridad y prestigio conquistados por su disciplina y orden en la defensa del pueblo y el socialismo.
Abordaremos ahora otro asunto de la actualidad, no menos significativo.
El Partido debe estar convencido de que más allá de los requerimientos materiales y aun de los culturales, existe en nuestro pueblo diversidad de conceptos e ideas sobre sus propias necesidades espirituales.
Múltiples son los pensamientos en esta temática del Héroe Nacional José Martí, hombre que sintetizaba esa conjunción de espiritualidad y sentimiento revolucionario.
Sobre este tema Fidel se expresaba tempranamente, en 1954 desde el presidio, evocando al mártir del Moncada Renato Guitart, cito: “La vida física es efímera, pasa inexorablemente, como han pasado las de tantas y tantas generaciones de hombres, como pasará en breve la de cada uno de nosotros. Esa verdad debiera enseñar a todos los seres humanos que por encima de ellos están los valores inmortales del espíritu.¿Qué sentido tiene aquélla sin éstos? ¿Qué es entonces vivir? ¡Cómo podrán morir los que por comprenderlo así, la sacrifican generosamente al bien y a la justicia!”.
Estos valores han estado siempre presentes en su pensamiento, y así lo reiteró en 1971 al reunirse con un grupo de sacerdotes católicos en Santiago de Chile: cito: “Yo les digo que hay diez mil veces más coincidencias del cristianismo con el comunismo que las que puede haber con el capitalismo”.
A esta idea regresará al dirigirse a los miembros de las iglesias cristianas en Jamaica en 1977; cuando dijo: “Hay que trabajar juntos para que cuando la idea política triunfe, la idea religiosa no esté apartada, no aparezca como enemiga de los cambios. No existen contradicciones entre los propósitos de la religión y los propósitos del socialismo”. Fin de la cita.
La unidad entre la doctrina y el pensamiento revolucionario con relación a la fe y a los creyentes tiene su raíz en los fundamentos mismos de la nación, que afirmando su carácter laico propugnaba como principio irrenunciable la unión de la espiritualidad con la Patria que nos legara el Padre Félix Varela y los enunciados pedagógicos de José de la Luz y Caballero, quien fue categórico al señalar: “Antes quisiera, no digo yo que se desplomaran las instituciones de los hombres -reyes y emperadores-, los astros mismos del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de justicia, ese sol del mundo moral”.
En 1991, el IV Congreso del Partido acordó modificar la interpretación de los estatutos que limitaba el ingreso a la organización de los revolucionarios creyentes.
La justeza de esta decisión fue confirmada por el papel que desempeñaron los líderes y representantes de las diversas instituciones religiosas en las distintas facetas del quehacer nacional, incluyendo la lucha por el regreso del niño Elián a la Patria, en la que se destacó en especial el Consejo de Iglesias de Cuba.
No obstante, se hace necesario continuar eliminando cualquier prejuicio que impida hermanar en la virtud y en la defensa de nuestra Revolución a todas y a todos los cubanos, creyentes o no, a los que forman parte de las iglesias cristianas, entre las que se incluyen la católica, las ortodoxas rusa y griega, las evangélicas y protestantes; al igual que de las religiones cubanas de origen africano, las comunidades espiritistas, judías, islámica, budista y las asociaciones fraternales, entre otras. Para cada una de ellas la Revolución ha tenido gestos de aprecio y concordia.
El inolvidable Cintio Vitier, ese extraordinario poeta y escritor, quien fuera diputado de nuestra Asamblea Nacional, con las fuerzas de la pluma y su ética martiana, cristiana y profundamente revolucionaria, nos legó advertencias para el presente y la posteridad que debemos recordar.
Escribió Cintio: “Lo que está en peligro, lo sabemos, es la nación misma. La nación ya es inseparable de la Revolución que desde el 10 de octubre de 1868 la constituye, y no tiene otra alternativa: o es independiente o deja de ser en absoluto.
“Si la Revolución fuera derrotada, caeríamos en el vacío histórico que el enemigo nos desea y nos prepara, que hasta lo más elemental del pueblo olfatea como abismo”.
Continúa Cintio:
“A la derrota puede llegarse, lo sabemos, por la intervención del bloqueo, el desgaste interno, y las tentaciones impuestas por la nueva situación hegemónica del mundo”.
Después de afirmar que: “estamos en el momento más difícil de nuestra historia” sentenció: “obligada a batirse con la insensatez del mundo al que fatalmente pertenece, amenazada siempre por las secuelas de oscuras lacras seculares, implacablemente hostilizada por la nación más poderosa del planeta, víctima también de torpezas importadas o autóctonas que nunca en la historia se cometen impunemente, nuestra pequeña isla se aprieta y se dilata, sístole y diástole, como un destello de esperanza para sí y para todos”. Fin de la cita.
Debemos referirnos al proceso recientemente concluido de excarcelación de presos contrarrevolucionarios, de aquellos que en tiempos difíciles y angustiosos para la Patria han conspirado contra ella al servicio de una potencia extranjera.
Por decisión soberana de nuestro Gobierno fueron liberados, sin haber cumplido totalmente sus sanciones. Pudimos hacerlo de manera directa y atribuirnos el mérito cierto de que lo decidíamos considerando la fortaleza de la Revolución, sin embargo lo efectuamos en el marco de un diálogo de respeto mutuo, lealtad y transparencia con la alta jerarquía de la iglesia católica, que contribuyó con su labor humanitaria a que esta acción concluyera en armonía y cuyos laureles, en todo caso, corresponden a esa institución religiosa.
Los representantes de esta Iglesia manifestaron sus puntos de vista, no siempre coincidentes con los nuestros, pero sí constructivos. Esa es al menos nuestra apreciación, luego de largas conversaciones con el Cardenal Jaime Ortega y el Presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Dionisio García.
Con esta acción hemos favorecido la consolidación del más precioso legado de nuestra historia y del proceso revolucionario: la unidad de la nación.
Asimismo, debemos recordar la contribución del anterior Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, quien brindó facilidades a la labor humanitaria de la iglesia, de manera que aquellos que manifestaron ese deseo o aceptaron la idea, viajaran al exterior en unión de sus familiares. Otros decidieron permanecer en Cuba.
Hemos soportado pacientemente las implacables campañas de desprestigio en materia de derechos humanos, concertadas desde Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, que nos exigen nada menos que la rendición incondicional y el desmontaje inmediato de nuestro régimen socialista y alientan, orientan y ayudan a los mercenarios internos a desacatar la ley.
Al respecto, es necesario aclarar que lo que nunca haremos es negarle al pueblo el derecho a defender a su Revolución, puesto que la defensa de la independencia, de las conquistas del socialismo y de nuestras plazas y calles, seguirá siendo el primer deber de todos los patriotas cubanos.
Nos esperan días y años de intenso trabajo y de enorme responsabilidad para preservar y desarrollar, sobre bases firmes y sustentables, el futuro socialista e independiente de la Patria.
Hasta aquí el Informe Central al VI Congreso.
Muchas Gracias.
